La industria vitivinícola de Mendoza rechazó este martes el paquete de modificaciones que el Gobierno nacional impulsa sobre la Ley General de Vinos N.º 14.878 y la Ley Nacional de Alcoholes. Funcionarios provinciales, bodegueros, enólogos y entidades del sector coinciden en que los cambios propuestos por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado amenazan la trazabilidad, el fraccionamiento en origen y la identidad productiva de una actividad que representa el 70% de la producción vitivinícola argentina.
Qué propone la reforma y por qué la rechaza el sector
Las modificaciones impulsadas por Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, contemplan cuatro cambios que el sector vitivinícola mendocino considera inaceptables. El primero es la posibilidad de fraccionar el vino fuera de las zonas de producción, lo que rompería el vínculo directo entre origen y producto final. El segundo es la flexibilización de los controles durante el proceso de elaboración. El tercero implica reducir las tareas de fiscalización del Instituto Nacional de Vitivinicultura. El cuarto, y más cuestionado, es la habilitación de mezclas entre vinos nacionales y productos importados.
Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, fue una de las voces más críticas. «La vitivinicultura no es un negocio más, es una forma de vida», afirmó, y señaló que un vino elaborado en Luján de Cuyo, Cafayate, Los Chacayes o Lavalle posee características propias que constituyen un patrimonio productivo y turístico que no puede perderse bajo un esquema de desregulación uniforme. El funcionario adelantó que el Ejecutivo provincial trabajará junto a los legisladores nacionales para frenar el avance de las modificaciones. Este tipo de disputas entre la agenda desreguladora nacional y los intereses productivos regionales no son nuevas en Argentina: el consumo per cápita de vino en Argentina ya cayó a su mínimo histórico de 16,1 litros por habitante, lo que añade presión a un sector que necesita proteger su posición competitiva exterior.
El fraccionamiento en origen y la trazabilidad, líneas rojas para Mendoza
El fraccionamiento en origen es el principio que obliga a embotellar el vino en la misma zona donde se produce. Su función no es meramente simbólica: garantiza que el producto que llega al consumidor final ha sido elaborado, controlado y envasado bajo las condiciones específicas de cada región vitivinícola. Eliminar o flexibilizar ese requisito abriría la puerta a que vinos de distintas procedencias sean mezclados o envasados en instalaciones alejadas de las zonas de origen, con el consiguiente impacto sobre la certificación de denominaciones geográficas.
Vargas Arizu subrayó que «se desestiman las regiones, que son fundamentales para la industria». La observación apunta a uno de los activos más sólidos del vino argentino en los mercados internacionales: la diferenciación por origen. Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta y Neuquén han construido perfiles de producto reconocibles que dependen de que el consumidor pueda confiar en la trazabilidad del vino que compra. La pérdida de esa garantía no solo afectaría al mercado interno, sino también a las exportaciones, donde la identidad de origen es un elemento de precio y posicionamiento. El debate sobre la autenticidad en el vino tiene paralelos en la evolución de las técnicas de elaboración, como muestra la irrupción de las vasijas inertes en la vinificación sin roble, que también pone en cuestión las convenciones productivas tradicionales pero desde la innovación, no desde la desregulación.
La Coviar en el debate: planificación estratégica frente a desregulación
La posible disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina generó alarma adicional en el sector. Coviar es el organismo que ejecuta el Plan Estratégico Vitivinícola y se financia con aportes obligatorios de los actores de la cadena. Aunque la eliminación de esos aportes genera opiniones divididas dentro de la industria, la mayoría de las entidades considera que avanzar mediante cambios legislativos debilitaría la planificación de largo plazo que ha orientado las inversiones del sector durante las últimas dos décadas.
Fabián Ruggeri, presidente de Coviar, no dejó margen para la ambigüedad: «Es una ley nociva. Van a mezclar vino importado con el nuestro. Los sobrestocks del mundo van a venir a parar acá y la trazabilidad dejará de ser una garantía para el consumidor». La advertencia señala un riesgo concreto en un contexto internacional de sobreproducción vinícola. Varios mercados productores —Francia, Italia, España, Chile— registran excedentes que buscan salida. Una apertura regulatoria que permita mezclar esos excedentes con vino argentino y comercializarlos bajo etiquetas nacionales podría erosionar la reputación construida por el sector en décadas de trabajo en calidad y diferenciación.
El peso económico de la vitivinicultura mendocina
Los números que maneja el sector explican la intensidad de la reacción. La vitivinicultura representa cerca del 15% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza, reúne a más de 800 bodegas y 20.000 productores, y explica más del 70% de la producción de vino de Argentina. A ese peso productivo se suma el enoturismo, que atrae a más de dos millones de visitantes al año interesados en recorrer bodegas y conocer el proceso de elaboración, generando un efecto multiplicador sobre el empleo, la hostelería y el comercio local.
Para los referentes del sector, cualquier modificación que afecte la identidad del vino impactará también sobre esa cadena de valor. Mendoza no está discutiendo una norma técnica menor: está defendiendo un modelo productivo que articula agricultura, industria, turismo y exportación en torno a la calidad y la diferenciación por origen. El debate recién comienza, pero la provincia ya fijó una posición clara frente al gobierno nacional, con el respaldo de bodegueros, enólogos y funcionarios que consideran que la desregulación en este sector no simplifica la economía, sino que destruye valor acumulado.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué cambios propone la reforma de la Ley General de Vinos argentina?
La reforma impulsada por el Ministerio de Desregulación contempla permitir el fraccionamiento fuera de las zonas de producción, flexibilizar los controles durante la elaboración, reducir las tareas de fiscalización del INV y habilitar la mezcla de vinos nacionales con productos importados. Los cambios afectarían a la Ley General de Vinos N.º 14.878 y a la Ley Nacional de Alcoholes.
2. ¿Por qué rechaza Mendoza la reforma vitivinícola?
El sector considera que la reforma amenaza la identidad productiva, la trazabilidad y la competitividad de más de 800 bodegas y 20.000 productores. La posibilidad de mezclar vino argentino con importado y fraccionar fuera de las zonas de origen eliminaría las garantías de procedencia que sostienen el valor del vino mendocino en los mercados internacionales.
3. ¿Qué es la Coviar y por qué preocupa su posible disolución?
La Corporación Vitivinícola Argentina ejecuta el Plan Estratégico Vitivinícola y se financia con aportes obligatorios del sector. Su presidente, Fabián Ruggeri, advirtió que la reforma permitiría mezclar vino importado con el argentino, dejando la trazabilidad sin garantías para el consumidor y exponiendo el mercado a los sobrestocks mundiales.
4. ¿Qué peso económico tiene la vitivinicultura en Mendoza?
La vitivinicultura representa cerca del 15% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza, reúne a más de 800 bodegas y 20.000 productores, y explica más del 70% de la producción de vino de Argentina. El enoturismo atrae además a más de dos millones de visitantes al año, generando empleo e inversiones en toda la cadena productiva.
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